A raíz de la modificación legal que está en marcha, la sostenibilidad de las pensiones es un tema recurrente. En concreto, muchos ciudadanos se preguntan si el equilibrio del sistema de pensiones de la Seguridad Social está garantizado y cómo les afecta esta nueva normativa.
Existen dos supuestos posibles:
- Los jubilados, que deben asumir que estas medidas correctivas le pueden hacer perder en torno a un 10% de poder adquisitivo en los próximos 15 años.
- Los que aún no están jubilados, cuya pensión futura va a ser menor que la que les correspondería si se jubilaran ahora. Para las personas que están en esta categoría, la reducción se hará más notable cuanto mayor sea el tiempo que les falte para jubilarse. Podríamos situarnos en los primeros años con un promedio de 60€ por año.
Para entender por qué se producirán estos cambios es preciso conocer el concepto Factor de Sostenibilidad.
Ya se incluía en la Ley Zapatero de 2011, para desarrollarse a partir de 2027 (art. 8). No obstante, los efectos de la crisis y las condiciones de las instituciones europeas para el rescate han forzado al Gobierno a adelantarlo y aprobarlo este año.
El concepto tiene dos vertientes:
- En primer lugar, la pensión que reciba un nuevo jubilado se ajustará al aumento de la esperanza de vida que se haya producido entre el momento de jubilarse y la actualidad. Es lo que se conoce como Factor de Sostenibilidad (FS).
- La otra parte es el llamado Índice de Revalorización de Pensiones (IRP), que eliminará la revalorización automática de estas prestaciones con el IPC. La normativa hará que el crecimiento de las pensiones se ajuste al equilibrio entre ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social.
Como la esperanza de vida sigue incrementando, a partir de 2019 (fecha de entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad) observaremos cómo los nuevos jubilados cobrarán una pensión más reducida. Se estima que este factor de sostenibilidad implicará un descenso de 5€ al mes en cada año a partir de su entrada en vigor.
Por su parte, el IRP tiene una revaloración mínima posible del 0,25% y una máxima, que se calcularía sumando 0,25% al IPC. No obstante, como los resultados de este indicador dependerán de la relación ingresos – gastos y las previsiones estiman que en los próximos años el sistema será deficitario, la revalorización de las pensiones en años sucesivos será del 0,25%. Si, además, se cumple el probable escenario de que la inflación supere el 0,25%, habrá una nueva pérdida del poder adquisitivo. El IRP comenzará a aplicarse en 2014.
No debemos olvidar que estas medidas se suman a las ya aprobadas y en vigor por la Ley Zapatero, entre las que destacan el progresivo aumento de la edad legal de jubilación a los 67 años y el aumento del número de años que se computan para determinar la pensión a percibir, que pasa de 15 a 25, ambas destinadas a reducir el gasto en pensiones.
Este nuevo contexto hará que la cuantía de las pensiones garantizadas por el sector público sea menor. Pero conocer la medida en que afectará a cada uno de nosotros nos ayuda a tomar decisiones fundadas para poder aminorar el impacto de esta normativa.
Presidente de Novaster
